Así, una cuota mayoritaria del mismo está "capturada" por las grandes compañías, las más dotadas con medios técnicos y humanos para gestionar tal sistema.
Las tres mayores empresas eléctricas copan entre el 80% y el 90% del mercado eléctrico, explica el economista Alejandro Inurrieta, para quien estamos ante un claro ejemplo de oligopolio que nos empuja "a pagar un precio muy superior al coste de creación de la energía". En su opinión, llevamos varios años "sobrepagando" con nuestras facturas las industrias hidroeléctricas y nucleares, cuyos principales costes ya están amortizados.
La Comisión Nacional de la Energía reclama que el Gobierno favorezca una mayor competencia e insiste en eliminar los precios regulados.
Los precios de la energía se mueven en el rango más alto de la Unión Europea, esto es debido a la poca competencia efectiva.
La fijación del coste de la energía se determina en una subasta trimestral en la que los productos de electricidad ofertan cantidades de electricidad y precios al operador de mercado y los demandantes presentan sus precios de compra, teniendo preferencia los más bajos. Aún así, estas subastas tampoco funcionan como deberían, puesto que las compañías productoras son cinco, que a su vez son los distribuidores y los comercializadores, por lo que pueden actuar como un oligopolio.
La fijación del precio trimestral, sin embargo, es solo una parte del problema, ya que más del 85% de los consumidores españoles están sujetos a tarifas reguladas. El regulador de la energía apuesta limitar tanto los precios regulados de la luz como los del gas, ya que en la práctica "no suponen necesariamente un mecanismo de protección al consumidor", porque alegan que una excesiva regulación actúa como un incentivo en contra de la entrada de nuevos operadores que aumentan la competencia del mercado.
En paralelo a la fijación de precios, el poder político ha impulsado desde hace años una mayor regulación en el propio panorama industrial español. Y no siempre se ha optado por la opción más rentable económicamente (en especial las energías no renovables), lo que ha supuesto un encarecimiento progresivo en el coste de generación. Los precios son caros y lo explica la CNE: "por la incorporación de costes del sistema de un volumen creciente de costes reconocidos a las actividades reguladas".
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